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El gigante de Internet Google desprestigió ayer a España ante el Congreso de Estados Unidos. Lo hizo en una vista oral en la Cámara de Representantes sobre democracia, seguridad y libertad de expresión en la red, donde se analizaron las técnicas que diversos Gobiernos aplican para censurar páginas web. Con la excusa de un incidente judicial aislado, la prohibición de dos blogs que pedían el boicoteo a productos catalanes por parte de un juez en 2007, la vicepresidenta de Google, la abogada Nicole Wong, igualó a España con regímenes que aplican una represión sistemática y continuada sobre la Red, como China o Irán.
Al margen de lo desproporcionada o no que haya sido esta medida por parte de Google, hay un detalle que llama poderosamente la atención en todo este asunto, y que nos lleva a otro aspecto que, bajo mi punto de vista, es crucial. Nótese que estamos hablando de un asunto puntual que tuvo lugar en 2007 y que ahora Google lo recuerda, más de 2 años después.
Esto puede estar relacionado con las ideas como establecer un canon a los buscadores que había estado barajando el gobierno. No se puede esperar que la parte contraria responda de forma positiva a una medida así. Y es más, cuando se están cociendo auténticas barbaridades como la Ley de Economía Sostenible tampoco me sorprende que quien realmente tiene el poder, lo use.
El origen de la denuncia:
El origen de la denuncia de Google está en un auto de 2007 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que autorizó a Industria a ordenar el bloqueo, desde direcciones IP españolas, de nueve páginas que, entre otras cosas, llamaban al boicoteo de productos catalanes. Dos de ellas, Boicot-Ya.blogspot.com y HastaLosHuevos-com.blogspot.com, estaban en Blogger, el servicio gratuito de Google.
El segundo blog no se halla ya activo. El primero sí, y exhibe un anuncio en el que se lee: «Este blog ha sido debidamente censurado. En breve serás redirigido a Libertad Digital para que puedas informarte sobre el ‘nazionalismo’ catalán». La página redirige, efectivamente, al diario del grupo Libertad Digital S.A., del que es vicepresidente Federico Jiménez Losantos.
Fue su página la primera en denunciar el cierre de aquellas nueve webs, al amparo de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 2002, que aprueba las «restricciones a la prestación de servicios» en Internet para «la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional», entre otros supuestos.
Comentarios:
Un poco de Java 
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